Se aplica para el enjuiciamiento de delitos cuya pena no supere los nueve años de privación de libertad o se trate de una pena de otra naturaleza, cualquiera que sea su duración o cuantía. En la práctica es el más común de los procedimientos penales. La fase instrucción, denominada aquí diligencias previas, corresponde al Juez de instrucción o, en su caso, Juzgados Centrales de Instrucción o al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. No existe una fase intermedia propiamente dicha y la preparación del juicio oral se desarrolla ante el juez de instrucción. En cuanto a la fase de enjuiciamiento o juicio oral hay que distinguir según la pena a imponer, ya que si no supera los 5 años de privación de libertad o 10 si es de otra naturaleza corresponde al Juzgado de lo Penal, y si se trata de pena que supere estos límites corresponde a la Audiencia Provincial, o en su caso a los Juzgados Centrales de lo Penal o Audiencia Nacional.

Los denominados juicios rápidos fueron introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el año 2002 para proceder a juzgar de forma rápida e inmediata aquellos delitos más habituales cuya pena no supere los límites previstos (hasta 5 años de prisión u otro tipo de penas) y que cumplan con una serie de requisitos: Que el procedimiento se inicie por atestado. Que se haya imputado a una determinada persona y que ésta sea puesta a disposición judicial o citada ante el juez de guardia. Que se trate de un delito flagrante o que la instrucción del mismo se presuma sencilla Aunque no se dé la circunstancia anterior, que se trate de alguno de estos delitos: robo, robo y hurto de uso de vehículos a motor o contra la seguridad del tráfico, violencia doméstica, delito de daños, delitos contra la salud pública o delitos de piratería (en este último caso sí se exige que sean flagrantes). Como puede verse, el ámbito de aplicación se solapa con el del procedimiento abreviado, pero será procedente el juicio rápido y no el abreviado cuando se den las circunstancias señaladas. La principal característica de este procedimiento consiste en que la policía judicial procederá a citar al acusado y demás intervinientes en los hechos (testigos, víctima o perjudicados) directamente ante el Juzgado de Guardia para la celebración inmediata del juicio con intervención del Ministerio Fiscal. Una vez formulada la acusación, si el acusado reconoce los hechos se llega a una conformidad, que supone que la sentencia rebaja en un tercio la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, y que dicta el propio Juez de Instrucción. Si no se alcanza dicha conformidad, el asunto pasa al Juzgado de lo Penal para el enjuiciamiento de los hechos practicándose la prueba propuesta y admitida. También puede suceder que los hechos se califiquen como delito leve y se celebre el correspondiente juicio por delito leve o que se acuerde la transformación del procedimiento en diligencias previas del procedimiento abreviado para seguir investigando los hechos y practicar nuevas diligencias de investigación.

Es el procedimiento a través del cual se enjuician los delitos leves, que son aquellas conductas criminales previstas y tipificadas en el Código Penal, pero de carácter más leve que los delitos, y que por lo tanto se sancionan también con una pena inferior. No existe propiamente fase de instrucción, concentrándose el procedimiento en unidad de acto y antes un único órgano jurisdiccional que es con carácter general el Juzgado de Instrucción, ya que al no existir instrucción previa el juzgado no está contaminado por el conocimiento previo de los hechos. Para el conocimiento de determinados delitos leves será competente el Juez de Paz que corresponda territorialmente. El procedimiento es muy sencillo, consistiendo en la citación de las personas implicadas (acusado, víctima y perjudicado, testigos, etc.) a una vista que normalmente se celebrará con intervención del Ministerio Fiscal para formular la acusación, sin perjuicio de que también pueda intervenir la acusación particular. No es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, salvo para aquellos delitos leves que lleven aparejada una pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses. En dicha vista se practicarán todas las pruebas propuestas y admitidas, concluyendo por sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que se constituirá con un solo Magistrado.

El juicio con Jurado fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico en el año 1995 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución, conforme al cual los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine. Los delitos que pueden enjuiciarse a través del Jurado están tasados y limitados en la ley y son, entre otros, el homicidio, las amenazas condicionales, la omisión del deber de socorro, el allanamiento de morada, los incendios forestales, el cohecho o la malversación de caudales públicos. El Tribunal del Jurado se compone de 9 jurados, con 2 suplentes y un Magistrado Presidente profesional, que es quien dirige la actividad del Tribunal. El desempeño de la función de jurado es un deber inexcusable de carácter público y personal y que sólo puede evitarse por las causas tasadas previstas en la ley (excusas, incompatibilidades o prohibiciones). La ley regula de forma minuciosa el procedimiento para la selección de jurados, que se inicia con un sorteo bianual de candidatos. Una vez formadas definitivamente las listas, se realizará un sorteo para designar los jurados de cada caso concreto. El ejercicio del cargo está retribuido. La función esencial del Jurado tras la celebración del correspondiente juicio es la de emitir el veredicto, en el que decidirá sobre la inocencia o culpabilidad del acusado, correspondiendo en este segundo caso al Magistrado Presidente redactar la sentencia y determinar la pena concreta a imponer.

Las lesiones son de distinta gravedad y constituyen un delito. Eso sí, conviene señalar que hay que demostrarlas y, para ello, suele aportarse un parte de lesiones. Hay una responsabilidad penal pero también hay que recordar las derivaciones en responsabilidad civil. El delito de lesiones se encuentra regulado en el Título III del Libro II del Código Penal, en los artículos 147 a 156 ter. Según esta ley, se produce el delito de lesiones cuando se causa en otro una lesión que menoscabe su integridad corporal, su salud física o su salud mental. Además, para que se perfeccione este delito es necesario que se precise de asistencia facultativa seguida de tratamiento médico o quirúrgico.

El delito de tráfico de drogas forma parte de los delitos contra la salud pública y se comete cuando se cultiva, elabora, trafica o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Se encuentra regulado a partir del artículo 368 del Código Penal Los delitos de tráfico de estupefacientes tienen una dimensión social importante. Son varias las sustancias que se ven afectadas y las penas varían poco cuando se rebasa el límite de lo que se considera consumo personal. Hay que indicar que, en ese aspecto, suele haber poca diferencia en las penas entre el pequeño traficante y el mayorista.

Los delitos más comunes contra la libertad e indemnidad sexuales son la agresión sexual(violación), el acoso y los abusos sexuales, encontrándonos igualmente figuras como el exhibicionismo o el delito de prostitución. La tipología de delitos contra la libertad sexual es muy amplia porque engloba las agresiones, violaciones y abusos. Estos delitos se consideran graves y están penados con hasta 15 años de prisión, en función del caso.

Las diferencias entre homocidio y asesinato son las claves para determinar un tipo de penas y condenas de otras. Por ello, en este post describimos exhaustivamente las diferencias entre homicidio y asesinato para saber diferenciar ambos delitos claramente. Los homicidios y asesinatos implican, siempre, la muerte de una o varias personas. La diferencia estará en si hubo premeditación y alevosía, por la edad de la víctima o si la muerte fue precedida de una agresión sexual. Este es el único supuesto que permitiría aplicar la pena más dura, la Prisión Permanente Revisable (PPR).

Es ley penal todo enunciado legal relativo a las infracciones penales (delitos y faltas) y a las consecuencias jurídicas que se asocian a aquéllas (penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias). La vigencia del principio de legalidad penal (garantizado en el art. 9.3 CE, recogido parcialmente en el art. 25.1 CE y cuyas garantías incorporan de modo sistemático los arts. 1 a 3 CP) acentúa la primacía de la ley penal dentro del sistema de fuentes del Derecho penal. La principal ley penal es el Código Penal que, junto con las leyes que lo modifican, lo complementan o desarrollan alguna institución regulada en él, integra el Derecho penal común. Las demás leyes penales constituyen el Derecho penal especial.