La guarda y custodia supone una facultad inherente a la patria potestad, que se recoge en el artículo 92 del Código Civil, en el que expresa que la misma debe ser atribuida a uno de los cónyuges (en exclusiva) o a ambos (compartida). Entrando en su definición refiere a las actuaciones en pos de los menores, es decir, proferirles cuidado, afecto, atenderles para lograr el desarrollo de los mismos. Es relevante subrayar la diferencia entre dos términos jurídicos: La guarda y custodia y la patria potestad. La patria potestad se ejerce, en términos generales, conjuntamente y atiende a las decisiones trascendentales a ejercer en la vida de los menores. Por otra parte, la guarda y custodia refiere a aquellos actos normales o cotidianos para el buen desarrollo de los menores( convivencia habitual, asistencia, vestido, etc).
Custodia exclusiva es aquella que se ejerce por uno de los cónyuges. La custodia compartida atiende a necesidades de cuidado y bienestar para combatir la ruptura de los cónyuges para con los hijos, siempre y cuando no hayan causas que justifiquen la custodia en exclusiva por uno de los cónyuges, esto es, que no haya atentados contra la vida, integridad física o moral, libertad, indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos.

En cuanto al procedimiento puede ejercerse de mutuo acuerdo entre las partes o bien de manera contenciosa. El procedimiento es similar a otros procedimientos de familia en que se va a tener en cuenta el interés del menor. Vamos a subrayar unas características del procedimiento. En primer lugar, el progenitor no custodio posee el derecho a un régimen de visitas, que se establece por convenio regulador de mutuo acuerdo o por el Juez. Se establece, además, una pensión de alimentos, sin perjuicio de que al derecho del otro progenitor le pueda corresponder una pensión compensatoria por el desequilibrio económico sufrido.

De manera excepcional se podría asignar la guarda y custodia a los abuelos, pariente

En el procedimiento de divorcio, separación se establecen medidas que están correlacionadas en el ámbito económico como en la capacidad de los sujetos. Dichas medidas están basadas en circunstancias que fueron tomadas en cuenta al dictarse sentencia.

Una vez que pasa el tiempo dichas medidas pueden llegar a cambiar, ya sea porque el régimen de visitas se ha transformado por la mayoría de edad de los menores, finalización de una pensión compensatoria por haber acabado la causa que la motivó. Aquellas que no están sujetas a causas concretas se necesita acudir al Juzgado con el fin de plantear una modificación.

En efecto, una medida que se recogió en la sentencia puede verse modificada porque ha habido cambios sustanciales por lo que resulta necesaria acoger su revisión en vía judicial. Vamos a ver el procedimiento de modificación de medidas:
– Se inicia por ambos cónyuges de mutuo acuerdo o por uno con el consentimiento del otro, en el que se acompaña propuesta de convenio regulador, en el que se van a regir lo contemplado en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
– Se inicia por una de las partes sin el consentimiento de la otra parte, esto es, se sigue el procedimiento contencioso recogido en el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Además, deben reunirse una serie de requisitos con el fin de que la pretensión de modificación de medidas:
– hechos que motivan la modificación de medidas hayan tenido lugar con posterioridad a la sentencia.
– Que dicha variación en las circunstancias tengan ente suficiente, justificado y acreditados sobre todo cuando puedan afectar a sujetos altamente protegidos por la ley ( menores, o incapacitados)
– El hecho sea permanente y continuado en el tiempo.
– Circunstancias ajenas a la voluntad del que las solicita.
– La modificación de medidas puede acogerse a distintos supuestos:
– Modificación de la patria potestad de menores de edad o incapacitados
– Modificación guarda y custodia.
– Modificación o extinción vivienda familiar.
– Modificación o extinción de la pensión alimenticia.

Vamos a subrayar dos nociones a tener en cuenta al solicitar modificación de medidas: postulación y competencia. El primero se basa en la necesidad de ir representados por procurador y abogado. En el procedimiento de mutuo acuerdo ambas partes pueden ir representados por el mismo abogado. En cuanto a la competencia que rige a qué juzgado debemos dirigirnos tanto al:
– Mismo juzgado que dictó la resolución judicial.
– Juzgado que reúna los criterios de competencia objetiva, funcional y territorial.

El régimen de visitas tiene la finalidad de resguardar las necesidades afectivas y de educación de los menores en aras de garantizar un equilibrio en el desarrollo de éstos. En efecto, se busca promover las relaciones ínter-humanas manteniendo el afecto para con los hijos, pese a la separación o el divorcio.

En los procedimiento de divorcio o separación matrimonial, cuando existen hijos menores, el cónyuge al que no le ha sido concedida la guarda y custodia de los hijos o incapacitados por sentencia judicial que haya sido dictada, tiene el derecho-deber de visitarlos y ejercer la comunicación con los mismos.

Con respecto a su duración se puede formalizar de mutuo acuerdo por ambas partes o en defecto de acuerdo la realizará el Juez. Por regla general, se sigue la tendencia de que la parte que no ostente la guarda y custodia, el derecho a tenerlos en su compañía los fines de semana alternos y la mitad de los períodos de vacaciones escolares. En casos bien delimitados el régimen de visitas puede ser limitado cuando se avisten graves circunstancias en el cumplimiento de dicha medida. Ejemplos de ello:
– Establecimiento de un horario de visita más restringido.
– Cautelas en el desarrollo de la misma.
– Cometer delito de sustracción de menores (art.225 bis del CP) por la no devolución de los menores.
Se debe subrayar que el régimen de visitas y comunicaciones podrá ser modificado y limitarse si incurren causas que lo justifican. Es por ello que se requiere la intervención de abogado.

Los abuelos desempeñan un papel fundamenta de cohesión y transmisión de valores en la familia, además que las relaciones con sus nietos constituyen un elemento de significativa relevancia para el desarrollo de los mismos. Así se recoge en la Ley 42/2003, de 21 de noviembre. Por lo que abre la vía a considerarlos en el convenio regulador, esto es, que ambas partes puedan recoger el régimen de visitas de sus hijos con los abuelos. Si no es posible, los abuelos se consideran parte legítima para interesar del juzgado dicho régimen según lo que se recoge en el art. 160 del Código Civil.