Abogados especialistas en derecho civil

El divorcio es una de las formas de disolución del vínculo matrimonial. Para poder solicitar un divorcio en España, generalmente se requiere que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, a menos que se alegue una causa amparada en el artículo 81 del Código Civil, que podría eximir este período de espera en situaciones de riesgo para la vida, integridad física, libertad, entre otros.

Existe la posibilidad de llevar a cabo un divorcio de manera extrajudicial siguiendo la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Sin embargo, esta vía solo es aplicable cuando no hay hijos menores no emancipados o con la capacidad judicialmente mermada que dependan de los cónyuges. El procedimiento es relativamente sencillo: se acude a un notario en compañía de abogados para otorgar una escritura pública que establece las medidas que regirán una vez que se produzca el divorcio, como el uso de la vivienda familiar, la pensión que uno de los cónyuges pueda solicitar y la liquidación del régimen económico matrimonial.

En el ámbito judicial, existen dos procedimientos principales para llevar a cabo un divorcio: el divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio contencioso.

• Divorcio de mutuo acuerdo: Este procedimiento requiere que ambos cónyuges lleguen a un acuerdo por escrito, conocido como «convenio regulador». En este documento se detallan las causas del divorcio y se regulan las consecuencias tanto personales como patrimoniales. Esto incluye aspectos como la relación si hay hijos en común, la custodia, el régimen de visitas y la liquidación del régimen económico matrimonial, entre otros.
  Para iniciar un divorcio de mutuo acuerdo, se presenta una demanda de divorcio con la asistencia de abogados y procuradores. También se deben aportar documentos como el certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil y los certificados de nacimiento de los hijos, si los hubiera. Además, se adjunta el convenio regulador firmado por los cónyuges. Posteriormente, el juzgado cita a las partes para ratificar el convenio regulador. Una vez ratificado, se emite la sentencia de divorcio, que debe inscribirse en el Registro Civil correspondiente.
• Divorcio contencioso: Este procedimiento se utiliza cuando no hay acuerdo entre las partes. El proceso se lleva a cabo a través de la vía judicial y se inicia mediante una demanda de divorcio contencioso, que también requiere la asistencia de abogados y procuradores. En este caso, se pueden solicitar medidas provisionales para regular aspectos relacionados con los hijos o la pensión de alimentos, entre otros. El proceso sigue los trámites del procedimiento verbal y concluye con una sentencia que establece las medidas definitivas.
  Es importante destacar que el divorcio contencioso puede resultar más costoso para las partes, ya que requiere la presentación de pruebas relevantes. En ambos casos, es fundamental contar con asesoramiento legal para garantizar que se cumplan todos los requisitos y procedimientos adecuadamente.

La guarda y custodia es una facultad que emana de la patria potestad y está regulada en el artículo 92 del Código Civil de España. Este artículo establece que la guarda y custodia puede ser atribuida a uno de los cónyuges de manera exclusiva o compartida entre ambos. Implica la responsabilidad de cuidar y velar por los hijos menores, brindándoles atención, afecto y garantizando su desarrollo integral.

Es importante distinguir entre dos conceptos legales relacionados: la guarda y custodia y la patria potestad. La patria potestad generalmente se ejerce de manera conjunta y abarca decisiones fundamentales en la vida de los hijos. Por otro lado, la guarda y custodia se refiere a las acciones cotidianas necesarias para el bienestar de los menores, como la convivencia habitual, el cuidado, el vestido, entre otros aspectos.

La custodia exclusiva implica que uno de los cónyuges asume la responsabilidad de la guarda y custodia de los hijos de manera exclusiva. En cambio, la custodia compartida se establece cuando ambos cónyuges participan activamente en el cuidado y bienestar de los hijos, siempre que no existan razones que justifiquen otorgar la custodia exclusiva a uno de los cónyuges. Estas razones pueden incluir situaciones en las que se haya cometido algún acto que ponga en riesgo la vida, integridad física o moral, libertad o indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos.

En cuanto al procedimiento para determinar la guarda y custodia, este puede llevarse a cabo de mutuo acuerdo entre las partes o de manera contenciosa. En ambos casos, el interés superior del menor es un factor fundamental a considerar. El progenitor no custodio tiene derecho a un régimen de visitas, que puede establecerse mediante un convenio regulador acordado por ambas partes o por decisión del juez. Además, se puede fijar una pensión de alimentos para los hijos, sin perjuicio de que el otro progenitor pueda estar sujeto a una pensión compensatoria en caso de desequilibrio económico.

En situaciones excepcionales, la guarda y custodia también podría ser asignada a los abuelos u otros parientes si se considera que es lo mejor para el bienestar de los menores.

Con el paso del tiempo, es posible que estas medidas deban modificarse. Esto puede deberse a varios motivos, como el cambio en el régimen de visitas debido a la mayoría de edad de los hijos o la finalización de una pensión compensatoria debido a la cesación de la causa que la originó. En casos en los que las medidas no estén vinculadas a causas específicas, es necesario acudir al juzgado para solicitar su modificación.

En efecto, una medida previamente establecida en la sentencia puede requerir cambios significativos, lo que hace necesario plantear su revisión a través del proceso de modificación de medidas. A continuación, se detalla el procedimiento de modificación:

• Acuerdo mutuo: Ambos cónyuges pueden iniciar el proceso de modificación de medidas de mutuo acuerdo. En este caso, se presenta un convenio regulador que regirá conforme al artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Sin consentimiento: Uno de los cónyuges puede iniciar el proceso sin el consentimiento del otro, lo que implica un procedimiento contencioso, regido por el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para que la solicitud de modificación de medidas sea efectiva, deben cumplirse ciertos requisitos:

• Los hechos que justifican la modificación deben haber ocurrido después de la sentencia original.
• Los cambios en las circunstancias deben ser suficientes, justificados y debidamente comprobados, especialmente cuando involucran a sujetos altamente protegidos por la ley, como menores o incapacitados.
• Los cambios deben ser permanentes y sostenidos en el tiempo.
• Las circunstancias deben ser ajenas a la voluntad de quien solicita la modificación.

La modificación de medidas puede aplicarse a diferentes aspectos, entre ellos:

Es importante destacar dos conceptos clave al solicitar una modificación de medidas: la postulación y la competencia. La postulación se refiere a la necesidad de contar con la representación de un procurador y un abogado. En casos de mutuo acuerdo, ambas partes pueden estar representadas por el mismo abogado. En cuanto a la competencia, es importante determinar a qué juzgado dirigirse, que puede ser el mismo juzgado que emitió la resolución inicial o aquel que cumpla con los criterios de competencia objetiva, funcional y territorial.

El régimen de visitas tiene como objetivo principal salvaguardar las necesidades afectivas y educativas de los menores, garantizando un equilibrio en su desarrollo, incluso después de la separación o el divorcio de los padres.

En los procedimientos de divorcio o separación matrimonial que involucran a hijos menores o incapacitados por una sentencia judicial, el cónyuge al que no se le haya otorgado la guarda y custodia tiene el derecho y la responsabilidad de visitar a los hijos y mantener comunicación con ellos.

La duración de este régimen de visitas puede establecerse de común acuerdo entre ambas partes o, en caso de desacuerdo, será determinada por el Juez. Por lo general, se suele acordar que el cónyuge que no tiene la guarda y custodia tenga derecho a estar con los hijos durante los fines de semana alternos y la mitad de los períodos de vacaciones escolares. Sin embargo, en situaciones excepcionales, este régimen puede ser limitado si existen circunstancias graves que lo justifiquen. Ejemplos de estas circunstancias pueden incluir:

• Establecimiento de un horario de visita más restringido.
• La imposición de precauciones durante las visitas.
• La comisión de un delito de sustracción de menores (según el artículo 225 bis del Código Penal) debido a la negativa de devolver a los hijos.

Es importante destacar que el régimen de visitas y comunicaciones puede ser modificado y limitado si surgen circunstancias que lo justifiquen, y en tales casos, se requiere la intervención de un abogado.

Los abuelos desempeñan un papel fundamental en la cohesión familiar y la transmisión de valores. Las relaciones entre abuelos y nietos son de gran importancia para el desarrollo de los menores, como lo reconoce la Ley 42/2003, de 21 de noviembre. Por lo tanto, existe la posibilidad de incluir a los abuelos en el convenio regulador, permitiendo que ambas partes acuerden el régimen de visitas de los nietos con los abuelos. Si no es posible alcanzar un acuerdo, los abuelos tienen legitimidad para solicitar al juzgado que establezca dicho régimen, según lo dispuesto en el artículo 160 del Código Civil.

Consulta inicial: El primer paso siempre será solicitar una cita para analizar los detalles de tu caso y determinar cuál es tu situación.

Evaluación del caso: Con la documentación y la información proporcionada se realiza una evaluación de viabilidad y se plantean posibles estrategias legales.

Recopilación de documentación: En esta fase del proceso se recopilan y revisan documentos como contratos, acuerdos, registros financieros, correspondencia, etc.

Acción legal: Dependiendo de la naturaleza del caso se podrán plantear medidas legales como presentar una demanda, negociar con la otra parte, mediar o representarte en procedimientos judiciales.

Proceso legal: Durante esta etapa se llevan a cabo los procedimientos legales necesarios (juicio).

Resolución: El caso se resuelve a través de una sentencia judicial, un acuerdo entre las partes o una resolución extrajudicial.

Cumplimiento de la sentencia: Una vez que se emite una sentencia judicial, se inicia el proceso de ejecución para garantizar que se cumpla de manera efectiva.

Cierre del caso: Una vez que se ha logrado una resolución satisfactoria, el caso se cierra oficialmente.

Es importante hablar de los plazos estimados con tu abogado, ya que él o ella podrá brindarte una estimación más precisa basada en las circunstancias específicas de tu caso. En general, la duración de un caso Civil puede depender de factores como la disposición de las partes para llegar a un acuerdo, la necesidad de pruebas adicionales y la congestión del sistema judicial en tu área.

Los plazos para presentar una demanda o adoptar medidas legales en asuntos civiles están regulados por la Ley de Enjuiciamiento Civil y varían según el tipo de acción y las circunstancias del caso.

Por ejemplo, en general, el demandante tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar una demanda desde que tiene conocimiento de los hechos que fundamentan su reclamación. Una vez que el demandado recibe la demanda, también cuenta con un plazo de 20 días hábiles para presentar su contestación. Durante la etapa de instrucción del juicio civil, las partes tienen un plazo para presentar las pruebas que consideren pertinentes, que suele ser de 30 días. Además, el juez tiene un plazo para dictar sentencia, que puede variar dependiendo de la complejidad del caso y de la carga de trabajo del juzgado.

Es importante saber que los plazos pueden ser diferentes dependiendo del tipo de juicio civil y de la jurisdicción. Por lo tanto, se recomienda consultar la Ley de Enjuiciamiento Civil correspondiente y contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho civil para obtener información precisa y actualizada​​.

Además, el cómputo de los plazos en la jurisdicción civil en España no considera los días inhábiles, que incluyen los sábados, domingos, los días entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, los días de fiesta nacional, los festivos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad, y todo el mes de agosto. Los plazos se cuentan de fecha a fecha y, en el caso de vencimiento en un día inhábil, se prorrogan hasta el siguiente hábil. También existe un «plazo de gracia» que permite presentar escritos y documentos hasta las 15 horas del día hábil siguiente al vencimiento del plazo​​.

Cabe destacar que el incumplimiento de los plazos legales puede tener consecuencias significativas, como la inadmisión de la demanda o la pérdida del derecho a realizar ciertos actos procesales en el futuro, por lo que es crucial estar al tanto de estos plazos y respetarlos.

En Reyes y Rodríguez Abogados sabemos que enfrentarse a un procedimiento legal puede generar ansiedad y preocupación. Por eso creemos que si te encuentras en situación legal compleja es importante que valores tus opciones y que tomes decisiones informadas. Aquí te ofrecemos algunas recomendaciones clave:

Busca soluciones extrajudiciales: Antes de tomar la decisión de presentar una demanda es mejor que explores vías de resolución extrajudicial, como la mediación o la negociación. A veces un acuerdo amistoso puede ahorrarte tiempo y dinero.

Consulta con un abogado especializado: Si decides proceder legalmente es muy importante que cuentes con un abogado que tenga experiencia en el área específica de tu caso. Un profesional experto puede brindarte el asesoramiento y la representación que necesitas.

Evaluación de la viabilidad: Estudiar la viabilidad del caso con tu abogado es un paso esencial para comprender tus opciones legales y determinar la estrategia más adecuada.

Seguro legal: Revisa tu seguro de hogar o cualquier otro seguro que tengas, por si incluyera cobertura de asistencia legal.
Comunicación: Comparte tus preocupaciones y expectativas con tu abogado.

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