El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el martes 22 de septiembre la reforma de la ley del aborto que entra en vigor desde el 23 de septiembre. La Ley Orgánica 11/2015 para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. Desde el miércoles 23 de septiembre, toda menor de 16 y 17 años debe tener voluntad propia y el consentimiento de sus progenitores o las personas que ostenten la patria potestad de la menor para interrumpir el embarazo.
La modificación afecta a la Ley Orgánica 41/2002 que suprime “la posibilidad de los menores a no informar a sus progenitores de tomar la decisión por sí mismas de interrumpir el embarazo”. En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil.
Contexto histórico y legal
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, extendió la capacidad de otorgar el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo a las menores de 16 y 17 años, equiparándolas al régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Esta ley fue un paso significativo hacia la autonomía de las jóvenes en decisiones sobre su salud reproductiva.
Sin embargo, la reforma de 2015 introdujo cambios importantes. La Ley Orgánica 11/2015 fue impulsada con el objetivo de reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente. La principal modificación fue la exigencia de consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, argumentando que la participación de los padres es crucial en decisiones de tal magnitud.
Detalles de la reforma
La reforma de 2015 establece que las menores de 16 y 17 años deben contar con el consentimiento de sus progenitores o tutores legales para poder interrumpir voluntariamente su embarazo. Esta medida busca asegurar que las menores reciban el apoyo y la orientación necesarios en un momento tan delicado de sus vidas.
Además, la ley especifica que en caso de conflicto entre la menor y sus representantes legales, se aplicarán las disposiciones del Código Civil para resolver la situación. Esto incluye la posibilidad de intervención judicial para garantizar que se tomen decisiones en el mejor interés de la menor.
Impacto y reacciones
La reforma de la ley del aborto de 2015 generó un amplio debate en la sociedad española. Por un lado, los defensores de la reforma argumentaron que era necesario proteger a las menores y asegurar que no tomaran decisiones precipitadas sin el apoyo de sus familias. Por otro lado, los críticos señalaron que la medida restringía la autonomía de las jóvenes y podía llevar a situaciones de riesgo para aquellas que no contaran con un entorno familiar de apoyo.
Organizaciones de derechos reproductivos y feministas expresaron su preocupación por el impacto de la reforma en la salud y el bienestar de las menores. Argumentaron que la exigencia de consentimiento paterno podría disuadir a algunas jóvenes de buscar ayuda médica y llevarlas a recurrir a métodos inseguros para interrumpir su embarazo.
Comparación con Legislaciones anteriores y posteriores
Antes de la reforma de 2015, la Ley Orgánica 2/2010 permitía a las menores de 16 y 17 años tomar la decisión de interrumpir su embarazo sin necesidad de consentimiento paterno, siempre y cuando se les proporcionara la información adecuada y se asegurara que comprendían las implicaciones del procedimiento.
En 2023, se aprobó una nueva reforma de la ley del aborto que eliminó la exigencia de consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, restaurando así la autonomía de las jóvenes en decisiones sobre su salud reproductiva. Esta reforma también introdujo medidas adicionales, como la garantía de acceso al aborto en centros sanitarios públicos y la regulación de la objeción de conciencia por parte del personal médico.
La Ley Orgánica 11/2015 representó un cambio significativo en la legislación sobre el aborto en España, enfocándose en la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente. Aunque la reforma buscaba asegurar el apoyo familiar en decisiones críticas, también generó controversia y debate sobre los derechos y la autonomía de las jóvenes.
Es fundamental seguir evaluando el impacto de estas leyes y asegurar que las políticas públicas protejan tanto la salud como los derechos de todas las mujeres, independientemente de su edad o situación legal.
Disposición 10141 del BOE núm. 227 de 2015/2
Abogados Las Palmas Reyes y Rodríguez
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