La prejudicialidad penal aparece cuando la decisión que debe adoptarse en un procedimiento de otro orden jurisdiccional depende de una cuestión que está siendo investigada por la jurisdicción penal. Su finalidad es evitar que un órgano judicial resuelva un asunto apoyándose en unos hechos cuya relevancia penal debe determinarse previamente.
Esta situación tiene especial importancia en los procedimientos civiles. Sin embargo, la existencia simultánea de una causa penal y un proceso civil relacionado no provoca automáticamente la suspensión de este último. La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece requisitos concretos y limita el momento en el que puede acordarse.
¿Qué significa la prejudicialidad penal?
El principio de prejudicialidad penal parte de la prioridad que corresponde a la jurisdicción penal cuando existe una cuestión de esta naturaleza cuya resolución resulta necesaria para decidir otro procedimiento. El artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que debe suspenderse el procedimiento si existe una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para resolver o que condicione directamente el contenido de la decisión, salvo las excepciones previstas legalmente.
Por tanto, la prejudicialidad no se reduce a que dos procedimientos compartan determinados hechos. Debe existir una relación suficientemente estrecha entre ambos y la decisión penal debe tener verdadera trascendencia para resolver el otro litigio.
En el ámbito civil esta regla general se desarrolla principalmente en los artículos 40 y 41 de la LEC, que determinan cuándo procede la suspensión y qué recursos pueden interponerse contra la decisión judicial.
La prejudicialidad penal en el proceso civil
Si durante el procedimiento aparecen hechos que podrían ser constitutivos de un delito perseguible de oficio, el tribunal debe ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal mediante providencia por si procede ejercer la acción penal.
Esa comunicación no implica que el proceso civil quede paralizado. La regla de la prejudicialidad penal de la LEC exige que concurran simultáneamente las circunstancias previstas en el artículo 40.2 para que pueda acordarse la suspensión.
Esta relación entre ambos órdenes también puede afectar a las consecuencias económicas derivadas de los hechos. El Código Penal establece que la comisión de un delito que cause daños o perjuicios genera la obligación de repararlos y contempla la restitución, la reparación y la indemnización. Por ello, una misma conducta puede tener consecuencias penales y de responsabilidad civil.
Requisitos de la prejudicialidad penal
Los requisitos de la prejudicialidad penal que pueden justificar la suspensión de un procedimiento civil aparecen expresamente recogidos en el artículo 40.2 LEC. No resulta suficiente alegar que unos hechos podrían constituir delito.
Existencia de una causa penal relacionada con los hechos del proceso civil
Debe acreditarse que existe una causa penal en la que se están investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los hechos que fundamentan las pretensiones planteadas en el proceso civil.
Por tanto, la suspensión por prejudicialidad penal requiere una causa criminal existente y relacionada directamente con el litigio. La mera coincidencia entre las personas implicadas o la presencia de cuestiones similares en ambos procedimientos no satisface por sí sola esta exigencia.
Influencia decisiva de la resolución penal sobre el proceso civil
Además, la decisión del tribunal penal sobre el hecho investigado debe poder ejercer una influencia decisiva en la resolución del asunto civil.
Este requisito limita la suspensión a aquellos casos en los que la respuesta penal puede condicionar realmente la decisión pendiente. Si el tribunal civil puede resolver el litigio sin esperar al procedimiento penal, no concurre el presupuesto previsto en el artículo 40.2.2.ª LEC.
Suspensión del procedimiento civil por prejudicialidad penal
Como regla general, la suspensión del procedimiento civil por prejudicialidad penal se acuerda mediante auto cuando el proceso está pendiente únicamente de sentencia. Esto significa que las actuaciones civiles pueden continuar hasta que llegue ese momento.
Existe una excepción relevante en los supuestos de posible falsedad de un documento aportado al procedimiento. Si se acredita que existe una causa penal por esa falsedad y el tribunal considera que el documento podría ser decisivo para resolver el fondo del asunto, la suspensión puede acordarse sin esperar a que el proceso civil quede pendiente de sentencia.
Si la parte a la que favorece el documento renuncia a utilizarlo, la suspensión no se acuerda o se levanta si ya había sido decretada. El documento se separa entonces de las actuaciones.
¿Cómo se solicita la suspensión por prejudicialidad penal?
La solicitud de suspensión por prejudicialidad penal debe identificar la causa criminal existente y justificar su conexión con los hechos en los que se apoyan las pretensiones civiles. También debe explicarse por qué la resolución penal puede influir de manera decisiva en el litigio.
El tribunal valorará si concurren los presupuestos legales y resolverá sobre la suspensión. Si la deniega, cabe recurso de reposición y la petición puede reproducirse en segunda instancia y, cuando corresponda, durante la tramitación de los recursos previstos en el artículo 41 LEC. Contra el auto que acuerda la suspensión cabe recurso de apelación.
Por tanto, presentar una denuncia o una querella relacionada con el conflicto civil no garantiza que el procedimiento quede paralizado. Debe acreditarse la relación exigida por la ley.
¿Qué efectos tiene la prejudicialidad penal?
El principal efecto es impedir temporalmente que el procedimiento afectado avance hacia su resolución mientras subsista la cuestión penal determinante. En el proceso civil, con las excepciones señaladas, la suspensión se produce cuando el asunto está pendiente únicamente de sentencia.
La suspensión se levanta cuando se acredita que el proceso penal ha terminado o cuando se encuentra paralizado por una circunstancia que ha impedido su normal continuación.
La resolución penal puede tener además consecuencias sobre las pretensiones civiles relacionadas con el delito. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, entre otras reglas, que la extinción de la acción penal no extingue por sí misma la acción civil, salvo cuando una sentencia firme declare que no existió el hecho del que esta hubiera podido nacer.
Ejemplos de prejudicialidad penal
Puede plantearse, por ejemplo, un litigio civil en el que se reclame la nulidad de un contrato por haber sido celebrado mediante engaño mientras existe una causa penal en la que se investiga un posible delito de estafa vinculado precisamente a la celebración de ese contrato. Si la determinación penal de los hechos puede resultar decisiva para resolver las pretensiones civiles, puede surgir la cuestión prejudicial.
Otro supuesto característico aparece cuando una de las partes aporta un documento esencial y posteriormente se abre una causa penal por su posible falsedad. En este caso la propia LEC contempla un régimen específico de suspensión si el documento puede ser decisivo para resolver el litigio.
Prejudicialidad penal en otros procedimientos
La prioridad de determinadas cuestiones penales también puede afectar a procedimientos distintos del civil, aunque sus efectos no son idénticos en todos los órdenes jurisdiccionales. Cada ámbito cuenta con sus propias reglas procesales.
| Ámbito | ¿Qué ocurre ante una cuestión penal? | Particularidad |
| Contencioso-administrativo | Los órganos de este orden no pueden resolver por sí mismos las cuestiones prejudiciales de carácter penal. | Si la cuestión penal resulta imprescindible para resolver, debe atenderse a la regla general del artículo 10.2 LOPJ. |
| Social | La existencia de una causa penal sobre los hechos debatidos no suspende, como regla general, el procedimiento. | La ley contempla un régimen específico cuando se alega la falsedad de un documento que puede ser decisivo para resolver. |
| Procesos de familia | Al pertenecer al orden civil, se parte de las reglas de la LEC sobre prejudicialidad penal. | La existencia de diligencias penales relacionadas con la familia no determina por sí sola la suspensión; debe existir una conexión concreta entre la cuestión penal y aquello que el tribunal civil tiene que decidir. |
Diferencia entre prejudicialidad penal y otros tipos de prejudicialidad
Las cuestiones prejudiciales penales reciben un tratamiento específico porque su resolución corresponde a los órganos de la jurisdicción penal cuando condicionan de manera directa la decisión de otro procedimiento.
La LEC regula de forma distinta las cuestiones prejudiciales no penales. Su artículo 42 permite que los tribunales civiles conozcan, únicamente a efectos prejudiciales, de asuntos atribuidos a los órdenes contencioso-administrativo y social. La decisión adoptada sobre esas cuestiones no produce efectos fuera del proceso civil en el que se dicta.
Por ello, identificar correctamente la naturaleza de la cuestión prejudicial resulta determinante para establecer si el propio tribunal puede resolverla o si debe esperar al pronunciamiento de otro orden jurisdiccional.
Abogados para casos de prejudicialidad penal en Las Palmas
La prejudicialidad puede condicionar el desarrollo de un procedimiento y exige analizar con precisión qué hechos se investigan en cada jurisdicción, qué relación existe entre ellos y si concurren realmente los requisitos legales para suspender las actuaciones.
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